Marco Normativo para la Apertura y Reutilización de la Información del Sector Público
En el contexto de la gobernanza del dato, la apertura y reutilización de la información generada por el sector público juega un papel fundamental en la transparencia, la innovación y el desarrollo económico.
Las normativas que regulan este ámbito buscan garantizar que los datos producidos por entidades gubernamentales sean accesibles, reutilizables y seguros, promoviendo así la participación ciudadana y la eficiencia administrativa.
Tras analizar en la Gobernanza del dato y su marco normativo (parte 1) el marco normativo europeo para la gobernanza del dato, en esta segunda entrega nos centramos en las regulaciones que favorecen la apertura de la información pública y su aprovechamiento para distintos fines. Estas normas no solo establecen el derecho de acceso a los datos públicos, sino que también imponen obligaciones a las administraciones para facilitar su reutilización en beneficio de la sociedad y la economía.
1. Directiva (UE) 2019/1024 – Datos Abiertos y Reutilización de la Información del Sector Público
La Directiva (UE) 2019/1024 representa la piedra angular en la regulación de los datos abiertos dentro de la Unión Europea. Su principal objetivo es garantizar que la información generada por entidades públicas sea accesible al público de manera libre o a un costo marginal. Para ello, establece criterios para la publicación y reutilización de datos, fomentando el uso de formatos abiertos y estándares que faciliten su interoperabilidad.
Puntos clave de la Directiva:
- Obliga a las administraciones públicas a poner a disposición datos en formatos abiertos y legibles por máquina, que garanticen la interoperabilidad, la reutilización y la accesibilidad
- Introduce el concepto de “datos de alto valor”, aquellos que tienen un potencial significativo para la innovación y el desarrollo económico.
- Establece que los datos deben estar disponibles de forma gratuita o con un coste mínimo, garantizando su accesibilidad a ciudadanos y empresas.
- Promueve la creación de plataformas y portales que centralicen la disponibilidad de datos públicos.
Esta directiva refuerza la idea de que la información pública es un bien común y debe estar al alcance de todos para fomentar un ecosistema digital más inclusivo y dinámico.
2. Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138 – Datos de Alto Valor
El Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138 complementa la Directiva 2019/1024 al establecer una lista específica de conjuntos de datos de alto valor que las administraciones deben publicar y actualizar periódicamente.
Ámbitos cubiertos por este reglamento:
- Datos geoespaciales.
- Datos ambientales.
- Datos meteorológicos.
- Datos estadísticos.
- Datos de sociedades y propiedad de sociedades
- Datos de movilidad y transporte.
La importancia de este reglamento radica en que proporciona una estructura clara sobre qué datos deben ser priorizados para su apertura y garantiza un impacto significativo en sectores clave como la investigación científica, el desarrollo urbano y la gestión ambiental.
3. Ley 37/2007 y Ley 18/2015 sobre Reutilización de la Información del Sector Público
En el ámbito español, la regulación de la reutilización de la información del sector público se basa en dos hitos legislativos fundamentales: la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y su modificación mediante la Ley 18/2015, de 9 de julio. Ambas normas han adaptado el marco nacional a las directivas europeas (primero a la Directiva 2003/98/CE y, después, a la Directiva 2013/37/UE), asegurando que el acceso a los datos públicos contribuya tanto a la transparencia como a la innovación.
Aspectos destacados:
- Extensión del ámbito de aplicación
- Incluye a más organismos del sector público y a instituciones culturales (bibliotecas, museos y archivos), con particularidades propias para su material.
- Formatos abiertos y costes mínimos
- Impulsa la difusión de datos en formatos reutilizables y promueve la gratuidad o, en su defecto, el cobro de costes marginales por la puesta a disposición de la información.
- Licencias claras y no exclusivas
- Favorece el uso de licencias sencillas para evitar restricciones innecesarias.
- Restringe los acuerdos de carácter exclusivo, salvo contadas excepciones (por ejemplo, para la digitalización de fondos culturales).
- Protección de derechos e intereses
- Establece límites a la reutilización para salvaguardar datos personales, la seguridad nacional y la propiedad intelectual de terceros.
- Supervisión y régimen sancionador
- Prevé medidas de vigilancia y sanciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y la igualdad de acceso a la información.
Estas leyes han sido clave en el desarrollo de iniciativas de datos abiertos en España, impulsando la transparencia gubernamental y la economía basada en la información.
4. Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
La Ley 19/2013 es fundamental en el marco regulador español para garantizar el derecho de acceso a la información pública y fomentar la rendición de cuentas por parte de las administraciones.
Principales disposiciones:
- Obliga a las administraciones a publicar información de forma proactiva en portales de transparencia.
- Establece el derecho de los ciudadanos a solicitar información sin necesidad de justificar el motivo.
- Define procedimientos claros para la gestión de solicitudes de información.
- Impone obligaciones de buen gobierno y sanciones para entidades que incumplan las disposiciones de transparencia.
Esta normativa ha permitido fortalecer la confianza en las instituciones públicas y mejorar la accesibilidad a la información gubernamental.
Como conclusión podemos decir que la apertura y reutilización de la información del sector público es un pilar esencial en la gobernanza del dato. Normativas como la Directiva 2019/1024 y la Ley 19/2013 han sido claves en la consolidación de un modelo de datos abiertos que promueve la transparencia, la eficiencia y la innovación.
Sin embargo, para que estas regulaciones sean efectivas, es fundamental que las administraciones públicas adopten una cultura de apertura y modernicen sus infraestructuras de datos. Solo así se podrá garantizar que la información pública sea accesible y aprovechable para toda la sociedad.
