La interoperabilidad de las administraciones públicas europeas viene marcada por la necesidad de cooperación en la Unión Europea. Al fin y al cabo, los ciudadanos europeos se han visto obligados con bastante frecuencia a relacionarse con las administraciones de otros estados miembros distintos de donde residen, y ello implica que las diferentes administraciones públicas cooperen unas con otras para corregir o resolver problemas de los ciudadanos, así como con las instituciones comunitarias para cuestiones relativa a políticas comunes.
Dentro de esta necesidad de cooperación en la Unión Europea, la interoperabilidad descansa en parte, sobre el principio de una sola vez (once-only), el cual se centra en reducir los trámites administrativos para los interesados, de tal manera que se reorganizan los procedimientos internos del sector público, en vez de exigir a los interesados a que se adapten a los procedimientos concretos.
Este principio al aplicarlo a la digitalización del sector público, que es lo que nos interesa y sobre el marco en el que trabajamos, implica que los interesados solo tienen que presentar sus datos a las administraciones públicas una sola vez, actuando internamente la administración en la publicación y reutilización de los datos de forma transfronteriza.
En consecuencia, vemos tomando como ejemplo el principio de una sola vez (once-only), como la interoperabilidad desde la perspectiva de la Unión Europea se ha consolidado como un aspecto esencial para mejorar la eficacia y la eficacia en la presentación de servicios intercomunitarios.
Ahora bien, en cierta manera no podemos olvidarnos de las previsiones que va marcando Europa en dicha materia que van más allá del principio mencionado, ya que todo nuestro ordenamiento español tiene que tomar de base lo que se establezca para todos los estados miembros.
No podemos olvidarnos que todo nuestro ordenamiento jurídico en materia de interoperabilidad se basa en las previsiones marcadas por Europa.
Por ello, es conveniente citar ciertos actos comunitarios a tener en cuenta para entender en que se basa la interoperabilidad del Sector público europeo, entre otros:
- Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF)
- Arquitectura de Referencia de Interoperabilidad Europea (EIRA)
- Declaración Ministerial de Tallin
- La decisión ISA2
- Planes de acción de la administración electrónica.
Además de los actos anteriores, actualmente nos encontramos con la publicación del Reglamento (UE) 2024/903 del Parlamento y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, por el que se establecen medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión (en adelante, Reglamento sobre la Europa interoperable).
Este reglamento se configura como el elemento esencial para obtener los objetivos marcados en la Década Digital de la UE, con la idea de conseguir establecer un nuevo marco de cooperación para las administraciones públicas de la UE con el fin de garantizar la fluidez de la prestación transfronteriza de servicios públicos y prever medidas de apoyo que promuevan la innovación y mejoren las capacidades y el intercambio de conocimientos, estructurando un ecosistema de soluciones de interoperabilidad compartidas para el sector público de la UE, concretamente gracias a los espacios controlados de pruebas.
El beneficio que otorga este reglamento a las administraciones públicas, los ciudadanos y las empresas se materializa en la utilización de servicios públicos digitales interconectados que requieran de un intercambio transfronterizo de datos.
En España, la implicación que podemos encontrar respecto a este reglamento es que se intensifica el cruce de información con el resto del sector público de la Unión Europea, acelerando así una transformación digital interconectada en toda Europa, con el objetivo de eliminar los obstáculos en las fronteras y las diferencias sectoriales organizativas entre los estados miembros.
En este sentido se fomenta a los estados miembros, entre ellos España, a crear y gestionar servicios públicos transfronterizos digitales altamente interconectados y centrados en los usuarios, facilitando así el ahorro de tiempo y dinero a estos usuarios.
Por lo que, ante esta nueva publicación, nos tocará esperar a ver qué medidas y sobre todo en qué se materializa todo lo dispuesto en el citado reglamento, en el sector público español.
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